Este miércoles se retomó en el senador provincial el trabajo de consulta a diversos sectores, para que den su opinión sobre el proyecto de ley que presentó el Senador de San Salvador, Lucas Larrarte, por el que se propone exceptuar del procedimiento abreviado a los delitos previstos en el Capítulo II, Título III del Libro Segundo del Código Penal. (Delitos contra la integridad sexual).

En esta ocasión estuvieron dialogando con los integrantes de la comisión de Seguridad del Senado, que es presidida por el Senador de Concordia, Ángel Giano, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Emilio Castrillón y los vocales del Alto Cuerpo, Claudia Mizawak, Miguel Giorgio y Daniel Carubia.

También estuvieron los representantes legislativos de Federal, Diamante, San Salvador, Gualeguay, Paraná, Nogoyá y Victoria, Nancy Miranda, Rogelio Schild, Lucas Larrarte, Francisco Morchio, Raymundo Kisser, Beltrán Lora y Roque Ferrari, respectivamente.
La reunión
Abrió el encuentro el senador Giano, quien agradeció la presencia de los vocales del STJER y mencionó que desde esta comisión de Seguridad “se ha dado un trabajo para contar con la opinión de distintos sectores antes de avanzar en el tratamiento del proyecto que impulsó el Senador Larrarte”.

Enumeró quienes habían dialogado sobre el tema con la comisión, entre los que se cuentan funcionarios de la justicia y representantes de organismos del Estado. Les remarcó “la importancia de contar con opiniones calificadas”.

Después detalló los alcances del proyecto “que ha suscitado más rechazos que apoyos”, se sinceró, para cederle la palabra al impulsor de la iniciativa (que fue suscripta por todos los miembros del bloque del Frente para la Victoria), Lucas Larrarte.

El legislador señaló que ante las diversas opiniones “hemos estado repensando de manera continua el proyecto original, entre otras cuestiones, por los cambios que se operan por estas horas en ámbitos nacionales para hacer cambios en el código”, reveló.
El caso Micaela
“El contexto histórico es el caso Micaela”, explicó Larrarte al recordar el motivo de la presentación y agregó que “hay también un contexto jurídico, que está relacionado con la defensa de los derechos de las mujeres”. Expresó que el proyecto nace ante un reclamo de la sociedad que se expresa en el sentido de esta iniciativa, pero más allá de eso “queremos conocer la opinión de Ustedes”, indicó.

El doctor Carubia tomó la palabra y señaló que al momento de abordar el proyecto “no se entendía la ventaja o desventaja para avanzar en el sentido del proyecto, no le encuentro una lógica razonable. Creo que va a dar lugar a cuestionamientos constitucionales serios”, lanzó ante la comisión, explicando que debe ser escueto en sus apreciaciones “en relación a posibles posturas a tomar en el futuro”, en clara alusión a que, de convertirse en ley, pueda cuestionarse la constitucionalidad.
Paradigmas
Por su parte la doctora Mizawak agradeció la invitación y afirmó que “el tema es delicadísimo”. “Hay cambios de paradigmas que han impactado en los operadores judiciales”, reflexionó, proponiendo que “hay que seguir trabajando en defensa de los derechos de las mujeres, trabajar mucho con asistencia especializada”, precisó la vocal.

Añadió que “a las mujeres hay que asistirla cuando denuncian el hecho y en todo el proceso posterior” y en relación al proceso abreviado recordó que cuando se pone en marcha el CPP una era la visión, y hoy, después de varios años, se debe revisar todo lo actuado. “Se pensaba en lograr mayor rapidez en la respuesta al judiciable, con un juicio completo, con que se alcanzaba una sentencia en el corto plazo”, recordó.

“Eso es muy bueno” indicó y reflexionó que “en algún tiempo habrá que hacer algunos cambios, tal vez como han hecho algunas provincias donde, ante determinados niveles de pena, interviene un funcionario de alta jerarquía judicial”, explicó.
Otro caso
La ex presidenta del STJ explicó que ha estado analizando situaciones que se han dado en la provincia, como, por ejemplo, un doble femicidio en Paraná, donde la única pena posible es la prisión perpetua y se aplicó el abreviado. “Estas situaciones me llevan a pensar profundamente sobre estos temas”, agregó.

Indicó que si bien es un juicio simplificado están presentes todos los elementos que hacen al debido proceso. “Es una herramienta muy útil y quizá deberíamos ver hasta donde usarla”, lanzó ante los legisladores, dejando en claro que “está muy en claro el espíritu de esta iniciativa”.

Mencionó después algunas posiciones de la Corte Suprema de Justicia y de la legislación de otras provincias.
En contra de los abreviados
Siguió la postura del doctor Giorgio, quien recordó su desempeño en el tribunal de juicios y apelaciones y dijo tener “una mirada adversa ante la brevedad. Mi mirada era contraria a los abreviados, tuve cierta resistencia”, expuso con claridad ante los legisladores y sus pares.

El letrado se mostró a favor del juicio pleno, al debate, para llegar a un juicio de certezas. “Me produjo reparos el juicio abreviado”, acotó y recordó su paso frente a la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde durante la audiencia pública, se expresó sobre el tema ante los legisladores antes de recibir el Acuerdo para llegar al Alto Tribunal.

“Se trata de mi mirada y me reservo alguna opinión por la posibilidad de futuras intervenciones”, manifestó.

En tanto el Senador Larrarte se extendió sobre las expresiones de la Corte Suprema en el denominado “Caso Góngora”, que son parte de los fundamentos que sustentan su proyecto en debate.
Una voz con pasado legislativo
Se sumó a la reunión el titular del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, quien recordando su paso por ambas Cámaras de la Legislatura entrerriana sostuvo que: “si pienso como legislador, hubiera presentado un proyecto así”.

Más allá de esto recordó que hubo proyectos que aparecieron proponiendo limitaciones a algunos beneficios, que después fueron tildados de inconstitucionales, mostrando con estos ejemplos el modo en que van actuando las instituciones ante temas de alto impacto en la sociedad.

El actual presidente del STJER indicó que se trata de actuar con responsabilidad desde el lugar de cada uno. Con profundidad y cautela se refirió a la aplicación del juicio abreviado en Entre Ríos y reiteró su postura a favor de que exista un ordenamiento de las penas. Comentó que le ha enviado a los legisladores a sus respectivos despachos una completa estadística de lo actuado en la Justicia entrerriana.
En ese marco explicó el impacto que han tenido sobre los Juzgados de Paz en casos de violencia de género.
Mirada de género
Retomó la palabra la doctora Mizawak, que instó a “profundizar la mirada de género en todos los niveles de los Poderes del Estado. Me preocupa lo que pueda llegar a pasar en jurisdicciones pequeñas. Creo que hay que prepararse cada día más en perspectiva de género”, enfatizó, mostrando este compromiso como un camino para dar mejores respuestas a las víctimas de este flagelo de la violencia de género.

Para ella los fiscales de intervención temprana, los defensores, los jueces de garantías, tiene que prepararse mucho, como ya lo están haciendo.

La Senadora Miranda preguntó si han aumentado las denuncias sobre violencia de género, a lo que Mizawak dijo que está la evidencia en la estadística que ha elaborado la presidencia del Superior Tribunal de Justicia.

Todos los vocales coincidieron en la importancia de proteger a las víctimas fortaleciendo estructuras de los poderes Ejecutivo y Judicial.

El senador Kisser dijo que es un proyecto “sensible” y es bueno tener las mayores opiniones posibles. “Tenemos que legislar en un tiempo donde cambias muchas cosas y nos toca atender la realidad”, explicó. Se mostró a favor de la intervención de la legislatura en estos temas como el que hoy convocó a la reunión.

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