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El magistrado, con esta resolución, obturó el reclamo de Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez de producir más prueba para fundamentar un pedido de excepción por falta de acción y desestimó la teoría de que no existió delito porque los gastos cuestionados fueron aprobados por la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas, según supo Página Judicial.

El ex gobernador, entonces, deberá responder en juicio por la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, por la que se pagaron 4 millones de pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA por un monto de 28 millones de pesos en el marco de la Cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 15 millones de pesos. Los investigadores judiciales creen que todo fue parte de una estrategia más de proselitismo para instalar la candidatura presidencial.

Por estos hechos, el presidente de la Cámara de Diputados enfrenta acusaciones por los delitos de peculado, es decir, por haber utilizado fondos públicos para fines particulares, concretamente, para financiar su campaña presidencial; y negociaciones incompatibles con la función pública.
Más imputados
También el ex ministro y actual diputado provincial Pedro Báez está imputado por la contratación directa que hizo el Estado entrerriano con la productora Nelly Entertainment SA por 28 millones de pesos para promocionar la Cumbre del Mercosur. En ese momento, el Gobierno contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube para dar a conocer cuatro videos, de los cuales tres no tenían absolutamente nada que ver con el encuentro de presidentes. En esa causa también está imputado el empresario Jorge Corcho Rodríguez, como partícipe.

La instalación del parador en Mar del Plata le costó al Estado entrerriano 15 millones de pesos, con el supuesto objetivo de exhibir los atractivos de la provincia, aunque la sospecha es que buscaba instalar la figura de Urribarri como candidato presidencial. La empresa que montó la infraestructura se llama El juego en el que andamos, de Gerardo Caruso, que era también director artístico y de contenidos del programa Fútbol Para Todos y contratado de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

Los investigadores sospechan que parte del dinero con que se pagó el parador fue a parar a la campaña presidencial, ya que detectaron que la empresa “El juego en el que andamos” habría hecho transacciones bancarias por 2 millones de pesos hacia las empresas Tep SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. A su vez, la firma también subcontrató a la cooperativa de trabajo X la Plata Publicidad Limitada por 338.800 pesos para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri.

En esta causa, además de Urribarri, Caruso y Aguilera, están imputados el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; y la contadora Corina Cargnel.

El Ministerio Público Fiscal la Fiscalía hizo un adelanto de condena: Urribarri, 9 años de prisión; Báez, 8 años de prisión; Tortul, 4 años de prisión; Céspedes, 4 años de prisión; Aguilera, 8 años de prisión; Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Caruso, 4 años de prisión.
En el ámbito federal
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría tiene a su cargo una investigación por la rendición de cuentas de esta causa, a partir de una denuncia promovida en noviembre de 2014 por el Partido Socialista por la existencia de “campañas anticipadas e ilegales”. En la presentación se pedía realizar una auditoría para conocer el origen de los fondos gastados por los precandidatos.

Sumado a eso, la Cámara Nacional Electoral envió al fiscal federal Jorge Di Lello un relevamiento fotográfico realizado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral en Entre Ríos, a cargo de Leandro Ríos, sobre cartelería y todo tipo de propaganda en la vía pública. La imagen que más se repetía era la de Urribarri. Entonces, el fiscal le pidió a Servini de Cubría que iniciara una investigación para determinar “si la publicidad gráfica ubicada en el distrito Entre Ríos relacionada con pre-candidaturas a Presidente de la Nación en el marco de los comicios del año 2015, contraría lo dispuesto” en el Código Nacional Electoral.

La ley electoral limita la campaña electoral a los 35 días anteriores a la fecha del comicio e incluye a todas las “actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática”.

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