Según sus palabras, desde la distribuidora local “se les ha dicho que tenemos capacidad para el suministro en ese lugar, pero que hay que hacer los trámites de conexión”, porque “de acuerdo a la reglamentación, para que hagamos una conexión, tiene que ser previamente autorizada por el municipio”. Sin embargo, “tienen el obstáculo de que, aparentemente, son tierras usurpadas. Entonces chocan con la municipalidad y no les estarían dando la autorización”, por lo que “no es una negativa directa de la Cooperativa”.
Por otra parte, Spinelli destacó que “tenemos muchos socios que se quejan de los que están conectados ilegalmente, porque eso los perjudica en la potencia de servicio y, además, que mientras ellos hacen el esfuerzo de pagar la factura, los demás se les ríen en la cara robando la energía”.
Es por eso que “nosotros tenemos que responder al esfuerzo de los socios y tenemos que hacer estos operativos”, agregó.
Por otro lado, consideró que “en este lugar eran unas 7 u 8 familias” conectadas clandestinamente, lo que “genera un riesgo potencial muy grande” y “ya han existido accidentes fatales por este tipo de conexiones irregulares, gente que ha perdido la vida”.
Asimismo, Spinelli explicó que “la gente nos pide medidores comunitarios, pero la Cooperativa no puede dar este tipo de medidores, porque los da la provincia o el municipio”. Si bien es cierto que “cuando se colocan medidores comunitarios, nosotros hacemos un aporte como distribuidora, no podemos darlos de forma abierta”, subrayó.
Por último, determinó que “si acá no existen políticas públicas que atiendan a los sectores más postergados, estos episodios se van a repetir, porque hay una realidad y es que hay sectores que, pudiendo pagar, no lo hacen, mientras que hay otros que realmente están incapacitados frente a estos gastos”.
