La legisladora explicó que apunta a “transformar la queja de los usuarios y consumidores de bienes y servicios en una crítica constructiva que concluya también en soluciones concretas y en la posibilidad de constitución de prueba en su favor”. Si bien admite que el Libro de quejas “no es una figura novedosa”, remarcó que “no se encontraba legislado en ninguna norma provincial relativa a los derechos de los consumidores, siendo que para el caso, se toman como ejemplos las legislaciones municipales (por ejemplo la de la Ciudad de Paraná) que sí lo contemplan”.

Según publicó el portal especializado en temas legislativos RecintoNet, Romero argumentó que “se establece también la facultad concurrente del organismo de defensa del consumidor provincial y de las autoridades municipales, en la habilitación del Libro de Quejas, a los efectos de no superponer controles y actividades de inspección, pudiendo, a través de convenios específicos, coordinar la rúbrica, foliado y habilitación por una autoridad o por la otra, aunque el control de su existencia y exhibición pueda corresponderles a ambas”.