El comunicado oficial se elaboró porque el funcionario "ha afirmado que profesionales del derecho estarían involucrados en el ingreso ilícito de teléfonos celulares a personas privadas de libertad", se indicó.
Según el documento, "tales declaraciones, carentes de sustento fáctico y prueba alguna, resultan infundadas y temerarias y constituyen un agravio al ejercicio digno y ético de la abogacía". Además, se subrayó desde el Colegio "afectan la imagen pública de nuestra profesión y siembran sospechas injustificadas sobre quienes desempeñan un rol esencial en el sistema de justicia penal".
En ese sentido, se le recordó al "ministro, que en su carácter de funcionario público, tiene el deber legal de formular la correspondiente denuncia cuando toma conocimiento de hechos presuntamente delictivos, y no recurrir a medios de comunicación o redes sociales para realizar imputaciones generalizadas que comprometen principios elementales del Estado de Derecho".
Según la respuesta colegiada "el acceso de los abogados y abogadas a sus defendidos es una garantía constitucional que no puede ser limitada ni puesta en duda a través de declaraciones públicas sin sustento". Y se subrayó que "cualquier conducta contraria a la ley debe ser individualizada, denunciada y probada ante las autoridades judiciales competentes".
Por último, desde el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología se solicitó a Roncaglia que "con el mismo alcance y difusión con que formuló sus afirmaciones, reflexione públicamente sobre sus dichos y reafirme el respeto al trabajo de los profesionales del derecho, cuya labor es indispensable para asegurar un proceso penal justo y conforme a las garantías constitucionales".
