El fallo del alto tribunal fue por unanimidad (cinco votos a favor y ninguno en contra) y, al mismo tiempo, le ordenó al Poder Ejecutivo que corrija el lugar desde donde se contabilizan las distancias: en vez de contar desde el casco de las escuelas deberá hacerlo desde el límite de los establecimientos educativos. El Gobierno tiene ahora 20 días para efectuar esta corrección.
Esto “nos obliga a garantizar que lo que nosotros dijimos en decreto, que se garantiza la seguridad ambiental y la salud, se concrete realmente con las acciones”, valoró el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Tras la resolución, el fiscal de Estado provincial explicó que “esto significa que a partir de esta sentencia, este decreto que ya tenía validez en muchas cláusulas, adquiere completa validez, en particular, lo más sensible de todo es el tema de las distancias”.
Rodríguez Signes puso de relieve que “la administración a partir de estas sentencias anteriores tuvo que hacer un trabajo profundo de buscar la mejor regulación y el Poder Judicial terminó diciendo que esa regulación que encontró forma a través del decreto 2239 y que es la regulación correcta”.
“Ahora viene la parte más difícil de todas que es lograr la aplicación del decreto 2239, porque no es solamente dictar la norma. Ahora la Secretaría de Producción, que es el órgano de aplicación, tendrá que disponer cómo hace para aplicarla estrictamente, para que no falle el sistema y que tengamos que lamentar ningún caso de contaminación, de intoxicación, que seamos muy celosos en eso”, puntualizó.
En ese sentido, subrayó que esto “nos obliga a ir a garantizar que lo que nosotros dijimos del decreto garantiza la seguridad ambiental y la salud se concrete realmente con las acciones”.
