Vengo observando el grave caso de denuncia de supuesto abuso sexual, abuso sexual con acceso carnal, violencia de género, de groming con menores involucrados que sacude la opinión pública, en Concordia en particular, y que no es sólo un caso más. Debo decir que, más allá de las particularidades, este hecho no me asombra porque como militante de la causa feminista y de Derechos Humanos estoy convencida que estos hechos van a empezar a salir a la luz cada vez con mayor frecuencia, producto de la lucha que venimos dando y la consciencia social que se va logrando.
Pero me he decidido a escribir estas líneas a raíz de algunas afirmaciones que han aparecido, líneas que pretenden poner en tensión algunas cuestiones y sumar en la comprensión de esta problemática.

Hay una opinión que sostiene que la relevancia de este caso es que se tornó mediático. Entiendo que no es así.
Lo que realmente le da relevancia no es la palabra mediático sino la palabra poder, y todo lo que ello implica.

La palabra poder acapara la atención en este caso desde el principio hasta ahora, y ojalá no lo atraviese hasta el fin.
Y lo más escandaloso es que el poder sea el poder público, el estatal, el poder del Estado. Porque no quedan dudas que el uso del poder que da el manejo de lo público y los recursos del Estado es lo que ha permitido sostener durante tantísimo tiempo el silencio cómplice.
Es el uso del poder que otorga un cargo público lo que ha permitido que esta persona tuviera la injerencia que tuvo sobre determinados sector, en este caso chicas jóvenes interesadas en acceso laboral en turismo, publicidad, modelaje.

Y está más que claro que fue la posesión de un poder político residual lo que ha permitido la no visualización, que nadie vea nada, por parte de una gran cantidad de militantes y de funcionarios y funcionarias. No digo que se trate de complicidades sino de no poder ver o hablar, por lo visto, de lo que estaba en conocimiento de muchos y que era evidente que estaba sucediendo.

Como planteo anteriormente, el poder lo atravesó desde el comienzo y éste es el momento de evitar que a futuro lo siga atravesando, y me refiero a la decisión tomada por el juez de garantía de otorgar prisión preventiva domiciliaria. No tengo por qué dudar que la decisión tomada por el juez de garantía está ajustada a derecho. Pero hay una realidad innegable que no se puede desconocer y que tiene que ver con lo siguiente: la ley es igual para todes, eso es una verdad, pero no todes son iguales para resolver sus cuestiones ante la ley. Y esta persona conserva una enorme cuota de ese poder político y económico del cual vengo hablando y que sin dudas puede utilizar a través de sus influencias, de sus contactos y aún de las redes sociales para entorpecer la investigación de la causa.

Reitero el llamado de atención, el poder lo atravesó desde el comienzo y éste es el momento de evitar que a futuro lo siga atravesando.



Julia Saenz es docente y fue Concejal de la ciudad de Concordia

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