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Un total de 21 detenidos, además del secuestro de 1 camión, 1 camioneta, 6 autos, 12 motos, armas de fuego y municiones, como así también estupefacientes y dinero, fue el resultado de los 31 allanamientos que realizaron la Policía de Entre Ríos y la Prefectura Naval Argentina durante la jornada de este sábado, con la presencia de más de 300 funcionarios.
Con datos concretos, el Juez de Garantías – Mario Figueroa- ordenó los allanamientos en la zona del barrio El Sapito que fueron solicitados por los fiscales Francisco Azcué y Daniela Montangie, en una causa que fue llevada adelante por el comisario José María Rosatelli, jefe de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos.
De acuerdo a lo que pudo saber un cronista de Diario Río Uruguay, la investigación fue iniciada por la División Criminalística en el mes de octubre del 2020 a raíz de diferentes hechos, los cuales tenían como modalidad el ataque con armas de fuego de grueso calibre, en los que los victimarios concurrían a los domicilios de las víctimas y efectuaban una gran cantidad de disparos contra personas o sus propiedades.

De esta forma, se logró detectar que en los barrios “El Sapito” y “José “Hernández” existía una pelea territorial entre personas que venden estupefacientes, lo que provocó en una guerra que derivó en ilícitos que ocurrían a diario, con homicidios, lesiones, etc.

El diagnóstico de las fuerzas de seguridad apunta que "estas zonas se encuentran tomadas por los vendedores de cocaína", lo que llevó al Ministerio Público Fiscal a iniciar una investigación con intervenciones telefónicas que permitieron probar la existencia de una banda narco criminal, la cual tenía un brazo armado, compuesto incluso hasta por menores de edad.
Otro dato que surge en la investigación es la que los vendedores y distribuidores de cocaína utilizan menores para la elaboración de cebollines de cocaína y a la vez, los usan para trasladar la droga hacia distintos sectores del barrio y la ciudad.

Fuentes oficiales señaron a este medio que, luego de más de un año de investigación, se incorporó evidencia que grafica el poder social y territorial que tiene "la empresa criminal", que desarrolla sus tareas "a fuerza de violencia extrema", lo que les permite crecer y ejecutar los delitos "con total impunidad, dejando a habitantes de dos barrios de la ciudad como rehenes de una actividad ilícita que crece de manera exponencial".
Además, en la investigación también se señala la implementación de un círculo vicioso donde muchos vecinos ingresan para llevar adelante tareas como guardar armas y droga a los delicuentes, a cambio de estupefacientes o de un lugar donde vivir.

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