El legislador uruguayense fue reelecto para el mandato que comenzará en diciembre, es quien preside la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja provincia y fue este martes el miembro informante de su bloque. El proyecto de presupuesto fue presentado en tiempo y forma por el gobernador de la provincia, el 15 de octubre de este año, como marca la Constitución de Entre Ríos.
Bisogni indicó que, a partir de allí, las comisiones de hacienda de ambas cámaras trabajaron en conjunto con funcionarios del gabinete provincial para debatir y llegar a un consenso, “lo cual era la premisa del gobernador", "y logramos que se aprobara por unanimidad, con el voto de todos los partidos políticos representados en la legislatura”, destacó.
“Más allá que hay dos o tres artículos que la oposición no acompaña, se trabajó toda la jornada con las puertas abiertas a fin de aprobar esta herramienta fundamental para la gestión, como lo venimos haciendo hace cuatro años”, comentó quien fuera dos veces intendente de Concepción del Uruguay.
Debate de ideas
Subrayó en ese sentido la “responsabilidad y el compromiso de los legisladores para brindar esta herramienta fundamental al gobernador como el presupuesto 2020” y consideró que “es un logro de Gustavo Bordet, buscando el consenso y el debate de ideas en forma permanente. En lo que no nos hemos puesto de acuerdo es porque hubo posiciones encontradas, pero de más de 30 artículos solo en tres no nos pusimos de acuerdo. Es más que meritorio y marca el rumbo de lo que han elegido los entrerrianos por más del 58 por ciento de los votos”.
El titular de la Comisión de Hacienda señaló que los entrerrianos apoyaron en junio pasado “una gestión que ha demostrado transparencia, austeridad, que viene achicando el gasto año tras año y puede proyectar una provincia diferente para 2020. A pesar de las políticas del gobierno nacional nos podemos seguir desendeudado, podemos seguir haciendo obra pública y seguir atendiendo cuestiones que el gobierno nacional dejó de atender y son prioritarias en materia de salud, educación y desarrollo social”. Recordó en ese sentido que también hubo una quita del Fondo Solidario de la Soja -que desfinanció obras públicas en municipios-, y subsidios al transporte y la energía eléctrica.
Pendientes
Como materia pendientes a resolver, Bisogni manifestó la preocupación de su fuerza política por el déficit en el tema previsional, que se sigue trabajando de forma permanente. “También en lo que es deuda pública - uno de los planteos de la oposición-, que se viene bajando año tras año. En el presupuesto del 2017 era casi un 62% de los recursos y estamos proyectando para el 2020 un 49%, o sea que se viene reduciendo esa deuda en la provincia, más allá de las políticas adversas, vuelvo a reiterar, del gobierno nacional”, aseveró.
“Creo que es una constante, pero además es la responsabilidad del gobernador, que el año 2019 tenía autorizado por la Cámara de Diputados hasta 3.500 millones y solo se hizo uso de 600 millones. El año anterior tenía autorizado 6.500 millones y solo hizo uso de unos 900 millones. Ha demostrado austeridad, transparencia y responsabilidad al momento de endeudar la provincia”, enfatizó el diputado provincial.
Consideró en este sentido que “estamos yendo por una provincia clarificada y previsible para seguir acompañando la producción, el trabajo del campo, el comercio y la industria. Queremos seguir manteniendo el poder adquisitivo y cuidando los bolsillos de los trabajadores y de los jubilados. Está demostrado que esta gestión de gobierno sigue trabajando con coherencia, sentido común y mucha responsabilidad”.
Las diferencias
En referencia a las diferencias planteadas por la oposición, el legislador uruguayense dijo que uno fue justamente el tema del endeudamiento, ya que el presupuesto para el próximo autoriza un endeudamiento de hasta 10.611 millones de pesos para obras públicas y atención de los intereses de la deuda. Reiteró en ese marco, la conducta responsable del gobernador que en los últimos años nunca utilizó todo el margen autorizado para endeudarse.
Otra de las cuestiones fue la forma de contratación de la obra pública, donde ya se había, suscitado diferencias a raíz de la modificación del artículo 8 de la Ley de Obras Públicas. El titular de la Comisión de Hacienda explicó que se busca agilizar la gestión de gobierno, ya que “cuando se llama a licitación para una obra pública tiene que estar asignado el presupuesto y el proceso licitatorio demora un promedio de 8 meses, que son los tiempos reglamentarios a los cuales hay que respetar. Lo que se plantea justamente, es poder ocupar parte de ese dinero para continuar con otra obra pública y así no detenerla. Ese fue uno de los temas que no acompañaron”, concluyó.
