Todos fueron coincidentes en los mismos puntos: las firmas TEP y Next son propiedad de Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, respectivamente y Aguilera no tenía vinculación con ellas. La hipótesis que sostiene el caso de Fiscalía es que el cuñado del ex mandatario provincial era el real dueño de las firmas y los otros dos meros prestanombres.
El testimonio más extenso fue el que brindó la empleada del área de Comunicaciones del Gobierno provincial, Florencia Della Ghelfa, quien se desempeñó durante un largo tiempo bajo las órdenes de Mariela Teruel, jefa de Publicidad del área.
En su exposición, brindó detalles de cómo era el procedimiento para contratar con las prestatarias del servicio de vía pública en la provincia. Y también cómo era el trámite de cobro que estas realizaban en la Administración Pública.
En las casi cuatro horas que expuso, en su mayoría respondiendo preguntas de la Fiscalía, Della Ghelfa narró que la acusada Corina Cargnel, contadora de profesión, ejercía las funciones de contacto administrativo entre las dos firmas ya nombradas y las de Fernando Montañana (Montañana Publicidad) y de Jesús María Bustamante y el Estado provincial. En esta vínculo sumó también a una mujer identificada como Natalia Gallo, que no está bajo acusación.
Cabe acotar que ni Montañana ni Bustamante están siendo juzgados en este juicio. El primero padece meningitis y fue excluído de las audiencias al inicio. Bustamante aceptó un juicio abreviado en 2018.
Bajo sospecha
La lupa de la acusación estuvo puesta sobre cómo se certificaba la publicidad en los carteles en calles y rutas. Es que en varios expedientes aparecían fotos iguales o similares como certificación de la publicación en distintos puntos de la provincia.En reiteradas oportunidades, Ghelfa mencionó que las fotografías que se incorporaba a los expedientes tenía el mero rango de ilustración o de imagen ilustrativa y que no constituía una constatación exacta de todos y cada uno de los carteles de vía pública. Antes, al narrar cómo se controlaba la publicidad en otros medios, indicó que en el caso de la radio la emisión se justificaba con una planilla firmada por el titular del medio indicando hora de irradiación, tiempo y tipo de spot, por caso.
“Mirábamos que estuvieran las imágenes, no hacíamos un control específico. En los carteles, nos fijábamos que estuviera la imagen”, de la publicidad contratada, relató. También verificaba si los datos de la orden coincidían con la emisión de la publicidad. Fiscalía quiso saber si verificaba que las fotos no se repetían de un mes a otro. “No”, fue su respuesta..
Al respecto, detalló que en el expediente de la publicidad en vía pública se anexaba una certificación del ex funcionario Gustavo Tamay, también imputado, ya que era él quien se encargaba de controlar que estuvieran los carteles en la ruta. Fiscalía les consultó si sabía cómo se hacía esa certificación. “No”, respondió. ¿Había otra persona en la tarea?, indagó la acusación. “No”, expresó Della Ghelfa. ¿Las certificaciones las podía hacer el ministro Báez?, insistió el Ministerio Público Fiscal. “No”, reiteró la testigo. Fiscalía volvió a la carga: ¿Báez se constituía in situ para controlar las publicidades? “Creo que no”, dijo la empleada del Gobierno.
En otro tramo de su testimonio comentó que en el área de Comunicación de Gobierno “fuimos perfeccionando el control. Al principio las traían impresas a las imágenes y no se veía. Pedimos que las fotos vinieran abrochadas en una hoja membretada, para que quedara más prolijo. La hoja tenía que venir firmada por el titular de la empresa”.
“Corina me mandaba las fotos (para incorporar al expediente de publicidad). Si no estaban bien, si no se veían o estaban borrosas por falta de tinta en la impresión, por ejemplo, les pedía que las cambie”, puntualizó.
Como ocurrió con Pereyra la semana pasada, Fiscalía mostró gran cantidad de documentación secuestrada en allanamientos y en el disco rígido encontrado en una terraza, cuya legitimidad está controvertida.
En particular, se trató de correos electrónicos entre la testigo y Cargnel donde aparecían otros imputados como destinatarios. A la acusación le interesó en particular saber si Della Ghelfa conocía las razones de que muchos mensajes estuvieran copiados a Aguilera, esposo de Luciana
Almada una de las propietarias de las imprentas bajo sospecha. La testigo dijo desconocer las razones.
También proyectaron una planilla de excel en la que se veía que la empleada de Comunicación recibió dinero de Giacopuzzi por haberlo ayudado a armar las rendiciones de publicidad ante el Iafas, pero negó haber sido empleada de su imprenta. Este reconocimiento provocó un leve murmullo, pero no pasó de eso. Della Ghelfa era testigo, no acusada en la causa. Y ese hecho no está siendo investigado en la causa. Fiscalía no marcó que la testigo se esté inculpando de un delito y la audiencia continuó sin más.
Le mostraron también expedientes administrativos del Ministerio de Comunicación donde para certificar las publicidades de distintas empresas en diferentes lugares de la provincia se utilizó una misma foto las que, según reiteró, tenían un carácter representativo de la campaña publicitaria.
En fojas siguientes se mostraron certificaciones pero sin la rúbrica de Tamay. En su lugar estaba la firma de Báez que constataba que la publicidad se había realizada conforme a lo contratado.
“La certificación tendría que haber estado firmada por Tamay. No sé porque no lo está”, expresó más adelante la testigo.
Della Ghelfa también soportó un peloteo de las defensas. “¿Urribarri o Báez la hablaron por algún expediente?”, le consultó Cullen. “Nunca”, fue su contestación. Luego, el letrado se acercó y le puso a la vista los expedientes que antes había utilizado la Fiscalía para constatar las duplicaciones.
“Los carteles ¿hacen referencia a lo que se estaba publicitando?”, preguntó el abogado defensor. “Sí”, respondió la testigo. La carátula del documento público hacía mención a una campaña de ProCrear, motivo de los carteles que se veían en las fotos.
Por último, Cullen lanzó: “¿Aguilera le instó a la prosección de un trámite, orden de publicidad, por él mismo o vía otras personas que la hayan nombrado?”. “No”, sentenció la testigo.
Otras declaraciones
Luego de que las defensas desistieran de continuar con el interrogatorio a Pereyra que había quedado pendiente de la semana pasada, Fiscalía llamó a declarar a otras dos personas.La primera fue Luis Fernández, un policía en actividad que es hermano por parte de padre de Luciana y Alejandro Almada, copropietarios de TEP y Next respectivamente. Su aporte fue controversial porque el Tribunal se negó a exceptuarlo conforme dispone el Código Procesal en casos de consanguinidad.
Fernández dijo que trabajaba en otra empresa de Luciana, la librería Alfa. Y que su hermana y Giacopuzzi eran los dueños de TEP.
Fiscalía centró su interrogatorio en el hecho de que en un allanamiento en la casa de Aguilera y Almada se había encontrado un talonario de facturas con una emitida al Senado por valor de 5 mil pesos. Fernández aseguró que no sabía bien en qué circunstancias fue que se registró como monotributista: sólo apuntó que él había pedido una ayuda para poder sobrevivir y que le entregaban un dinero mensual. Este tema tampoco es objeto de la investigación en la causa y quedó como dato anecdótico.
Las defensas, en cambio, fueron más directos a la hora de interrogar. “¿Participó en publicidad o en cartelería en vía pública?”. “No”, afirmó Fernández. “¿Contrató con el Estado a nombre de Luciana o Alejandra Almada?”. “No”, respondió. “¿Se le ha hecho alguna pregunta sobre cartelería por parte de Fiscalía?”. “No”, sentenció.
Del mismo modo se le consultó sobre su situación familiar. “¿Quién es el padre de Luciana y Alejandra Almada?”. “Es mi padre”, afirmó. “¿Ha hecho público que es su hermano?”. “Sí”, expresó. “¿Fue entrevistado en Fiscalía?”. “Sí”. “¿Dijo que era hermano de ellos?”. “Sí”. “¿Se le aclaró que podía acreditar que era hermano?”. “No”, remató.
Algo similar ocurrió con el testimonio de Julio Alberto Alegre. El cuestionario de Fiscalía no fue al centro del tema en debate, sino que apuntó a cuestiones por fuera de la causa que poco aportaron a conocer la relación de Urribarri; Báez; Aguilera y los demás imputados con los hechos que se investigan.
En el eje del interrogatorio estuvo un contrato que tuvo con el ex diputado provincial justicialista Hugo Berthet antes de ser empleado de TEP. Cuánto cobraba, cómo lo cobraba, quién le pagaba y otras preguntas similares fueron las que fue soltando la acusación.
Las defensas, en cambio, hicieron dos preguntas clave: como trabajador de la imprenta ¿recibió órdenes de Aguilera? “No”, manifestó Alegre. “¿Y de Urribarri?”. “No. Tampoco”, puntualizó.
Las audiencias proseguirán este martes y jueves desde las 9 con la presencia de más testigos convocados por la Fiscalía.
