Según señaló la propia abogada Petir, el intendente Javier Goldin “buscó que la empleada renunciara a su lugar de trabajo, no asignándole tareas, delegando tareas que no iban de acuerdo a su categoría de empleada administrativa y no entregándole elementos mínimos para realizar su labor, entre otras, y luego, incluyéndola en la lista de personal no esencial por razones no fundamentadas”.
La sentencia admite la demanda y ordena resarcir a la víctima con una indemnización en dinero, disponiendo que deberá asignarle tareas efectivas y acordes a la categoría administrativa, proveyéndole de todos los elementos de trabajo necesarios para su cumplimiento y obliga a Goldín, como así también todo el personal, ya sea de planta permanente o contratado, a que reciba capacitación en materia de violencia en el ámbito laboral y prácticas discriminatorias fundadas en razón del género y otros motivos arbitrarios, de acuerdo a lo que determina la Ley Micaela.
El Municipio tendrá que en los próximos 20 días informar al Juzgado sobre quien será la profesional y/ o la institución que realizará la capacitación, imponiéndole en caso de que no se realice, multas conminatorias.
Petit dijo que junto a su clienta “nos sentimos muy conformes por la sentencia en general. El resarcimiento económico es mínimo, simbólico, porque el objeto de mi representada es, ante todo, dejar expuesta la conducta del Intendente.”
También dijo que “el fallo marca un antes y un después para muchas autoridades que creen que por el solo hecho de serlo pueden disponer del trabajo de los agentes públicos, sin considerar sus antecedentes y su trayectoria laboral. Existen normas y procedimientos que hay que respetar y en este caso concreto se visualiza en todo el legajo judicial.”
Por último, apunto que “fueron 8 meses difíciles, pero estamos muy contentas, y para la víctima, es un gran alivio. Estos fallos refuerzan la decisión de muchas mujeres que se puede denunciar libremente, no importa de quien sea el agresor”.
