La semana pasada se conoció que la investigación sobre las pensiones “truchas” que significó una estafa millonaria a la ANSES perpetrada por punteros barriales y profesionales médicos se divide en dos etapas fundamentales, cada una con objetivos específicos. Una primera etapa de detección de pensiones irregulares donde se evalúa el perjuicio causado al Estado por cada Pensión No Contributiva (PNC) otorgada fraudulentamente, para identificar las irregularidades en el proceso de concesión de estas pensiones, determinando el monto total de la defraudación, y una segunda etapa para determinar la responsabilidad de médicos y gestores.
Según pudo conocer DIARIOJUNIO, uno de los principales involucrados es Hugo Doroteo Cabrera, alias «Tutuca». Este hombre, un jubilado de 67 años de la Salud pública, domiciliado en la zona sur de la ciudad, se le imputa la falsificación de certificados y liderar una de las asociaciones ilícitas.
Dentro de la organización del “Tutuca” Cabrera, se encuentra Pedro Alejandro Altamirano, un empleado público provincial de 38 años que realizaría gestiones para estos trámites fraudulentos. También dentro de este grupo se encuentra Hilaria Isabel Méndez, alias «Isa», un ama de casa de 50 años, pensionada, y administradora del comedor “Ojitos Tristes” del barrio Constitución.
Por otro lado, se encuentra la puntera barrial del barrio “El Silencio”, Cristina Alicia Repetto, una empleada de la provincia de 63 años, presunta líder de una segunda organización dedicada a la obtención ilegal de pensiones por discapacidad.
Dentro de su organización se encuentra Yanina Esperanza Meyer, alias «Yani» y Maximiliano José Monzón. Ambos son empleados de la provincia y miembros activos de la asociación ilícita, según determinaron las investigaciones.
Entre otros involucrados en la organización de «la puntera» Repetto se cuentan: Sara Magdalena Cheruzzo, empleada de Servimoto, por la gestión irregular de pensiones, Graciela Soledad González, una ama de casa de 42 años, también miembro activa de la organización, y Érica María Silvana Abreu, empleada de la Agencia Nacional de Discapacidad, involucrada en la carga de certificaciones médicas falsas.
De acuerdo a lo que pudo establecer este medio, estas organizaciones criminales, lideradas por Cabrera y Repetto, operaban de manera coordinada y organizada desde al menos el año 2022 hasta diciembre de 2023.
A los miembros de estas a dos organizaciones, que funcionaban de manera independiente, una liderada por Cabrera y otra por Repetto, se les imputa cometer delitos con el objetivo principal de defraudar a la Administración Pública Nacional. Los miembros de estas redes se dedicaron, coordinada y organizadamente, a gestionar beneficios ilegales, específicamente pensiones no contributivas por invalidez, a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre $30,000 y $60,000. Se les imputa la manipulación ilegal de firmas médicas para tramitar dichas pensiones, presentando documentos donde las personas indicadas no padecían las patologías allí consignadas, o tampoco contaban con el porcentaje/grado de discapacidad supuestamente diagnosticado en el Certificado Médico Obligatorio requerido para acceder a la prestación la ANSES/ANDIS.
En el caso de la red liderada por Cabrera, se le atribuye también la gestión de Carnets Únicos de Discapacidad (CUD) presuntamente falsificados. Utilizando el certificado de Cabrera como modelo, los delincuentes insertaban los datos de los adquirentes a cambio de sumas variables. Este documento permitía a los beneficiarios movilizarse gratuitamente en el transporte público local.
Hugo Doroteo Cabrera y Cristina Alicia Repetto surgieron como líderes de estas asociaciones, organizando las actividades ilícitas y fijando montos de dinero por cada trámite ilegal. Pedro Altamirano y Yanina Meyer, entre otros, desempeñaban roles específicos, desde la gestión de documentación hasta la atención de consultas y dudas de los clientes.
Las redes contaban con personas encargadas de regentear y conseguir nuevos clientes/pensionados, cobrando montos fijos por la gestión. Graciela Soledad González y Sara Magdalena Cheruzzo lo harían por parte de la organización liderada por Repetto, mientras Hilaria Isabel Méndez cumplía un papel similar en la de Cabrera.
Ambas organizaciones delictivas también habrían contado con la colaboración de numerosas personas que regenteaban y captaban nuevos “clientes”, a cambio de un monto de dinero por cada supuesto pensionado que fuera puesto en contacto con las estructuras criminales.
No se descarta que como parte de pago hayan ofertado a cada «cliente» el trámite de una “pensión gratis”, cada cuatro o cinco nuevos “clientes”.
Los profesionales médicos
En cuanto a los nombres de los profesionales médicos investigados por prestar colaboración, este medio se reserva los nombres hasta tanto tengan imputación de parte de la justicia federal. Sobre estos profesionales se investiga si a cambio de sumas de dinero habrían certificado enfermedades inexistentes o no relacionadas con las patologías alegadas por los beneficiarios.
La causa judicial, que se tramita en el Juzgado Federal bajo la denominación «Cabrera Hugo Doroteo y otros s/ Falsificación de documentos públicos, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita,» sigue abierta, y se espera que se esclarezcan más detalles sobre la participación de los profesionales de la salud y otros posibles implicados en estas prácticas fraudulentas.
