El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró les dictó así mismo la falta de mérito respecto de la acusación por atentado y resistencia a la autoridad que les había formulado un agente de Gendarmería que dijo haber sido golpeado en la cabeza por los asambleístas.
Sobre ello, Facundo Scattone dialogó con Diario Río Uruguay y ratificó que esta semana se hará la apelación, enfatizando que la noticia del procesamiento “fue sorpresiva por todos los vicios que tiene la causa. Ninguna de las dos imputaciones presentadas tienen rigor, ya que por un lado se nos acusa de resistencia a la autoridad y por otro de entorpecimiento de la vía terrestre. El juez decide dar de baja la primera de estas imputaciones y nos acusa basándose en lo que dice Gendarmería únicamente. Vale decir que hay videos presentados donde se muestra que no hubo entorpecimiento de la vía terrestre”.
Párrafo seguido Scattone subrayó que no de los agravantes que ven “es la falta en el expediente de la orden judicial de la orden escrita que tendría que haber tenido la Gendarmería para actuar. En todo el expediente no está la orden, a pesar de las 150 fojas que tiene la causa”.
El ambientalista no dudó en calificar que “esto es un hecho grave de por sí, donde queda demostrado que una fuerza del Estado puede actuar por motus propio” y sumó que se sienten sorprendidos por ello.
Consultado sobre el acompañamiento de parte de la sociedad entrerriana y en particular de la Concordiense, el joven activista agradeció “el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos de Entre Ríos y de todo el país, además de las que se han conformado en Uruguay”, puntualizando: “nos han llamado desde la provincia preocupados por la decisión de judicializar la protesta”.
Los hechos.
Vale recordar que en la resolución, fechada el 19 de febrero pasado, se consignó que los procesados, en agosto del año pasado, junto a muchos otros compañeros y vecinos, ayudaron a desviar a la banquina a cuatro camiones que transportaban cuatro equipos para exploración sísmica cuyo fin era localizar yacimientos de petróleo bajo el Acuífero Guaraní en la zona de Salto y Piedra Sola en Uruguay, algo que los propios asambleístas habían declarado al momento de comunicar los motivos de la protesta, el mismo 2 de agosto, cuando estaban sobre la ruta.
Ese día, en horas de la mañana, un grupo de personas impidió la circulación de cuatro camiones vibradores, pertenecientes a la empresa Don Pedro y concesionados a la firma Petrol Energy/Schuepbach, que realizaba trabajos de exploración de hidrocarburos por fracking en el Uruguay.
La protesta se mantuvo hasta la madrugada del domingo al costado de la Ruta 015. Alrededor de las 3 se presentó Gendarmería, invocando una orden judicial donde se les requería a los manifestantes que se apartaran de la banquina y permitieran a los camiones continuar con su camino. Si bien el encargado del operativo les dijo a los manifestantes que no quería forcejeos ni golpes, el desalojo terminó siendo violento y cuatro asambleístas resultaron detenidos.
Scattone, Zalisñak, De Carli y Larocca fueron detenidos y alojados en el Escuadrón Concordia de Gendarmería. Luego denunciaron –públicamente y ante el juez– que habían permanecido esposados, denunciaron golpes y malos tratos y uno de ellos dijo haber sido amenazado con el uso de una picana para que firmara un texto en el que, según alcanzó a leer, se autorizaba a los gendarmes a recabar sus datos.
Tuvieron que pasar seis meses desde aquel episodio para que el juez dictara el procesamiento de los asambleístas.
