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Municipalidad de Concordia
En diálogo con Diario Río Uruguay, el abogado Ignacio Del Valle, Subsecretario del área legal y técnica de la Municipalidad de Concordia, manifestó que “desde la misma asunción de esta gestión de gobierno”, el área ha estado “en evaluación permanente de los distintos actos administrativos que van llegando a la subsecretaría, buscando evidentemente hacer una observación de cómo es el funcionamiento del municipio, cómo venía hasta este momento y los distintos expedientes que van llegando”.

Al respecto, apuntó que “van surgiendo ciertas cosas que no terminan de cuadrar y, frente a eso, cuando se detectan lo que se trata es generar la información pertinente para ver en definitiva cómo es el funcionamiento o el devenir de las cosas”.

Algunas de estas irregularidades “ameritan una investigación y las denuncias presentadas este lunes es uno de los casos”. Actualmente, el letrado precisó que “hay cuatro investigaciones en curso y solo una no fue instada por nosotros, sino por la Unidad Fiscal, que es el tema de la contratación de un intermediario de seguros”.

Por otra parte, destacó que “se ha hecho una presentación respecto a una serie de títulos secundarios presuntamente adulterados, que fueron presentados por parte del personal municipal”, cuyo objetivo es “la percepción de un plus” en el salario. Hasta el momento se tiene la confirmación que serían “8 los casos de títulos adulterados”, que resultaron llamativos dado que contaban con “el mismo número de título, los mismos firmantes y notas”.

El caso del camión recolector y otras tres causas
Sobre este hecho, que fue la primer causa en salir a la luz, recordó que entre los meses de diciembre y enero, “atentos a que en el inventario que nos habían entregado faltaba un camión, que luego tomamos conocimiento de que se encontraba en otro lugar, se efectuó una denuncia y surgió después mediáticamente que había sido entregado en comodato”.

Sobre este caso, Del Valle comentó que “posteriormente encontramos el expediente administrativo en una oficina, llamativamente escondido, que determinaba que había un decreto del ex intendente concediéndolo en comodato, pero ese mismo decreto establecía que entraría en vigencia una vez que el Concejo Deliberante rectificara ese acuerdo”, lo cual “no se hizo, así que pedimos a la justicia que se investigara”.

El otro caso que se judicializó fue "la planta de reciclado del Campo del Abasto, ya que sucedió algo similar" con una entrega en comodato. Pero en este caso, "se concedió la concesión de la explotación al referéndum del Concejo Deliberante, pero jamás se rectificó y la planta estaba entregada, se pagaba y se hacían un montón de actos que no tenían sustento legal”, explicó el letrado.

Finalmente, apuntó se refirió al alquiler de vehículo por parte de algunas dependencias, lo cual se conoció esta semana que también será puesto a consideración de la Justicia, porque “nosotros nos encontramos con una municipalidad carente de prestar servicios a los vecinos”, ya que “no había herramientas, no había vehículos, camiones ni maquinaria; frente a lo que empiezan a entrar expedientes de pago por contratación de diferentes vehículos”.

Debido a esto fue que “hemos detectado que, en algunos de los casos, desde las áreas pertinentes nos determinan que no pueden acreditarse la prestación del servicio, entonces entendemos que hay un hecho que la justicia tiene que investigar, para ver si hubo un perjuicio a favor del estado”, remarcando como cierre que “son varios casos”.