En una audiencia celebrada el lunes por la mañana, el fiscal José Arias recurrió la decisión del juez de Garantías Mario Figueroa de hacer lugar al pedido de la defensa de Caprarulo, a cargo de los abogados Diego Abrán y Pedro Fontanetto D’Angelo, para que no se perite la totalidad del contenido del teléfono secuestrado, sino que se acote a determinados contactos que se consideren de interés a la causa por mutuo acuerdo de las partes.
Sin embargo, los fiscales José Arias y Daniela Montangie consideraron que se trataba de una limitación a la investigación y mostraron pruebas y testimonios de testigos que van en contra de la idea de que el peritaje del celular sería una “excursión de pesca” de Fiscalía.
También dieron cuenta de que la firma de Buenos Aires CETW Brokers, designada con posterioridad para reemplazar a Caprarulo, jamás se presentó ante el municipio ni el Instituto del seguro de Entre Ríos y tampoco asesoró ni gestionó nada, sin embargo, al igual que Caprarulo, también cobró suculentas comisiones. Este jueves 11, el tribunal de tenía que tomar una decisión y dio lugar al pedido de los fiscales.
Según reveló el fiscal Arias, el perjuicio contra el municipio de Concordia es evidente, puesto que, luego de la recomposición del vínculo directo con la empresa aseguradora de la provincia de Entre Ríos, ya sin intermediarios, el municipio ha obtenido un beneficio del 5 por ciento en la alícuota que paga por todos y cada uno de los seguros que contrata con el IAPSER (ART, bienes, herramientas, eventos, caución, etc.), que equivalen a 3 millones de pesos mensuales.
