A raíz de esto, la justicia estableció “la inmediata clausura de la sede social” de la empresa, cuyo domicilio se encontraba en la provincia de Buenos Aires y, como parte del procedimiento, ordenó “incautar los libros, papeles y bienes que se encuentren en el lugar”, así como también “constatar el estado de ocupación e identificar eventuales ocupantes, requiriéndoles el título respectivo”.
Por otro lado, determinaron que, con motivo de la quiebra de la firma, el oficial de justicia “deberá realizar un inventario de los bienes, el cual comprenderá sólo rubros generales, encontrándose autorizado a hacer uso de la fuerza pública, allanar domicilios y requerir los servicios de un cerrajero en caso necesario, debiendo retrotraer los inmuebles a las condiciones de seguridad en que los halló”.
