Según se señaló a este medio, la medida fue resuelta en el Expediente N°4317, donde se ordena que finalmente vuelvan al Estado los terrenos que fueron vendidos a precios irrisorios. Provisoriamente, la comuna de Puerto Yeruá quedaría como depositaria judicial de dichos inmuebles.

De acuerdo a lo que se detalló a Diario Río Uruguay, se trata de tres inmuebles identificados con las matrículas 137.499 C.U., 137.500 C.U y 137.501 C.U, respectivamente.
La resolución también libró oficio al Registro Público de la Propiedad de la provincia, para que se oficialice “una vez que el presente decisorio adquiera firmeza, a los fines de la toma de razón de los decomisos dispuestos”.
La causa
La investigación judicial se originó cuando salió a la luz que, durante la gestión del ex intendente Cevey, se habían vendido terrenos a familiares y amigos del funcionario, pero a un precio muy por debajo del valor de mercado. Al punto que algunas parcelas valuadas -por entonces- en $320.000, fueron adquiridos por apenas 11.000.

Ante el cúmulo de pruebas, Fabián Cevey aceptó su culpa en marzo del año 2018 y acordó -en juicio abreviado- una condena de 3 años de prisión condicional y la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos públicos. Integrantes de su familia involucrados en la causa también aceptaron sus responsabilidades en juicio abreviado.

A diferencia de Cevey, hubo otros imputados, como el entonces asesor legal del municipio, Dr. Julio Larocca, que decidieron llegar a la sala de audiencias. Pero también -con excepción de tres encausados que fueron absueltos- estas personas fueron encontradas culpables y condenadas en mayo del mismo año, por un tribunal integrado Carolina López Bernis, Silvina Isabel Gallo y Edwin Ives Bastian.

Tal como se informa recientemente, las condenas aún no están firmes por una apelación que realizó la defensa del Dr. Julio Larocca, que de acuerdo a la sentencia en primera instancia fue encontrado responsable de los delitos de peculado y administración fraudulenta, en el grado de partícipe necesario. Por lo que además se le estableció inhabilitación perpetua y absoluta para ocupar cargos públicos y 5 años de suspensión de su matrícula profesional, además de una multa de $ 90.000.

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