CRÉDITO: ARCHIVO
La causa se originó en 2022 a partir de una investigación que permitió desarticular dos organizaciones delictivas integradas por referentes barriales de distintos sectores. Los imputados simulaban enfermedades y presentaban certificados médicos falsos para obtener beneficios destinados a personas con discapacidad, a nombre de personas que no reunían las condiciones legales, a través de las oficinas de ANSES en calle Buenos Aires de Concordia.
El expediente fue elevado a juicio oral y público, y en marzo se dictaron las condenas en el marco de acuerdos de juicio abreviado.
Los líderes de cada organización fueron identificados como Hugo Cabrera, puntero político del barrio María Goretti, y Cristina Repetto, referente del barrio El Silencio, ambos condenados a cuatro años de prisión efectiva.
En tanto, los otros siete imputados fueron condenados a tres años de prisión por su participación en los hechos, acusados de colaborar en la recolección de datos, la presentación de trámites y el armado de expedientes fraudulentos ante organismos oficiales.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, que validó las pruebas aportadas por la Fiscalía y consideró probada la existencia de una asociación ilícita con fines de defraudación al Estado.
Estafa con “pensiones truchas”
La causa investigó una red por defraudación millonaria al Estado dedicada a la tramitación de pensiones ilegales no contributivas por invalidez. Según se informó oportunamente, la asociación ilícita desarticulada “ofrecía conseguir pensiones no contributivas del Estado Nacional creando enfermedades a cambio de sumas que rondaban los $60.000,00 pesos por cliente, generando considerables ganancias para los involucrados e incalculables perdidas en los fondos del estado”.La organización se dedicaba a falsificar certificados médicos, inscribir a ciudadanos que no tenían problemas de salud o no cumplían con los requisitos para recibir ese beneficio estatal.
La investigación (que incluyó seguimientos, filmaciones y escuchas telefónicas, además del análisis de múltiples informes) desarticuló a una amplia y compleja red de estafadores que tramitaban pensiones por invalidez y fraguaban información de los futuros beneficiarios.
