“Ninguno de los casos judicializados ha dejado de tener una respuesta hacia el interior de la fuerza policial y en los casos que hay causas penales, en la mayoría de ellos se ha separado, se han puesto en disponibilidad a las personas involucradas o se han adoptado las medidas administrativas pertinentes”, explicó la funcionaria.
Sobre esto ejemplificó en los casos que la causa sea por violencia familiar, “al funcionario se le retira el arma reglamentaria inmediatamente y se lo aboca a hacer alguna otra tarea de índole administrativa, indicando atención psicológica. En tanto, en los casos que hay causas penales por delitos vinculados por abuso de autoridad, por tortura o por malos tratos, se pone en disponibilidad y se inicia el pertinente sumario administrativo”.
“De los 12 mil policías que hay en la provincia podría afirmar que son situaciones excepcionales las causas judiciales que tenemos, no deben superar una veintena de causas en toda la provincia. Por eso es que ante la advertencia que hace el Superior Tribunal de Justicia a la Procuración sobre la posibilidad de que existan hechos no denunciados, le pedimos un informe a la Sala Penal, informe que todavía no ha arribado”, agregó la ministra Romero.
“No hay causa penal promovida en sede provincial que no allá tenido una pertinente investigación interna en la policía”, aseguró la ministra Romero.
