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A la hora de los fundamentos, el proyecto del diputado Enrique Cresto, admite que la propuesta responde “a hechos de conocimiento público ocurridos recientemente, en los que empresas creadas poco tiempo antes fueron contratadas para prestar servicios o suministrar bienes al Estado, sin trayectoria ni capacidad técnica comprobada”, en obvia alusión al escándalo de los comedores en el departamento Concordia, si bien la norma abarcaría a todo el arco de contrataciones que haga la provincia.

El proyecto aclara que quedan exceptuadas las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) qe tengan domicilio fiscal en la provincia y que estén debidamente inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado.

También hay contemplación para los que cuya producción o prestación de servicios sea íntegramente realizada en el territorio de la provincia.

Por último, aclara que “este proyecto no obstaculiza la competencia ni la iniciativa privada, sino que apunta a consolidar reglas claras, previsibles y éticas, que favorezcan la transparencia y eviten abusos”.