La Cámara de Senadores sancionó el martes 29 de abril un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que informe “qué acciones desarrolla el Estado, por medio del Ministerio de Seguridad y Justicia y/o de la Policía de Entre Ríos, en relación a la sistematización de informes, documentos, estadísticas y toda otra información referente a faltas graves y delitos de cualquier índole cometidos por agentes de la Policía de la Provincia de Entre Ríos en el ejercicio de sus funciones”.
El pedido, que presentaron los senadores, Martín Oliva, autor; y Juan Pablo Cosso, Víctor Sanzberro, Patricia Díaz, Claudia Silva, Nancy Miranda, Gladys Domínguez y Marcelo Berthet, como coautores, también solicitó que se indique “si existen informes internos por denuncias realizadas contra agentes de la Policía de Entre Ríos y/o del Servicio Penitenciario de Entre Ríos por violencia institucional y/o violación de derechos humanos. En caso afirmativo, remita la documentación correspondiente a los años 2024 y en curso”.
El Senado dio vía para que el Ejecutivo provincial “explique los procedimientos internos, los supuestos sumariales y las medidas disciplinarias previstas para dichos casos”; si cuenta con “informes, documentos y estadísticas sobre la comisión por parte de agentes policiales, de los delitos en los ámbitos que a continuación se especifican: a) Torturas, lesiones y tratos inhumanos a detenidos; b) Excesos en los métodos y medios empleados para procurar la aprehensión de personas…”.
En aquella línea se añadió que se precise sobre “c) Extorsiones, exacciones ilegales, cohecho, incumplimientos de los deberes de funcionario público, concusión; d) Fugas de personas privadas de su libertad en Comisarías (situaciones en las cuales el personal policial no cumpliría con los controles establecidos); e) Incumplimientos del deber de represión de faltas y contravenciones; f) Enriquecimiento ilícito…”.
El listado de delitos se amplió a “g) Delitos sexuales; h) Tenencia irregular de bienes registrables; i) Servicios de vigilancia irregulares; j) Malversación de caudales públicos; k) Tratamiento de los objetos secuestrados judicialmente; l) Relaciones que afectan la imagen pública del agente y la institución; m) Uso en servicio de armas irregulares; n) Exigencias de aportes a comerciantes; ñ) Inasistencias injustificadas al servicio; o) Manipulación espuria y revelación de datos de una investigación en curso”. En caso de que la información solicitada exista, se instó a que “se remita copia de los mismos”.
Los senadores también pidieron precisiones sobre “qué recomendaciones, acciones y políticas ha desarrollado el Ministerio de Seguridad y Justicia en los años 2024 y en curso para la prevención de hechos violencia institucional y/o violación de derechos humanos”; añadieron “qué medidas se han implementado o piensan implementar para impedir la comisión de este tipo de delitos por parte de la fuerza policial”.
El pedido consignó que se informe sobre 2si se evaluó la posibilidad de poner en funcionamiento un sistema de recepción de denuncias y un registro de casos de violencia institucional”; y “si se evaluó la posibilidad de confeccionar un instructivo para explicar a la ciudadanía cómo actuar ante una acción irregular de la Policía”.
Finalmente, los legisladores requirieron que “atendiendo a que a la fecha no se ha publicado la información estadística correspondiente en la web de Estadísticas y Censos de la Provincia, brinde toda la información e indicadores de hechos delictivos por tipo, accidentes de tránsito, suicidios y características de la población alojada en unidades penales provinciales, conforme datos elaborados por la División Planeamiento y Desarrollo de la Jefatura de Policía de Entre Ríos y por la División Principal de Tratamiento de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, correspondientes a los años 2024 y en curso”.
