De esta manera, señalaron que “desde que la Sra. Silvina Murúa asumió la Coordinación de Comedores Escolares, se inició un proceso de retiro de tarjetas Sidecreer a los directivos escolares, para ser entregadas a personas designadas como ‘tarjeteros’, sin mediar irregularidades previas ni resolución administrativa que lo justifique”.
Desde su punto de vista, esta práctica “vulnera el espíritu del sistema descentralizado de administración de comedores escolares, establecido por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, que asigna a cada establecimiento educativo la responsabilidad de gestionar los fondos mediante la tarjeta Sidecreer”, por lo que “al verse despojados de las tarjetas, muchos directivos han presentado los reclamos y quejas correspondientes a sus superiores sin recibir respuestas ni revertir la situación”.
Dicho esto, remarcaron que “la situación de desplazar a los directivos por ‘tarjeteros’ es inédita, no se ve respaldada por ninguna normativa vigente, y por el contrario desconoce o tergiversa lo expresado en ella”.
A modo de respaldo, apuntaron que desde el Convenio Marco firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) y el Consejo General de Educación firmado en 2022 sobre el funcionamiento de los comedores escolares se expresa “El personal directivo de cada establecimiento educativo tendrá a su cargo la administración de los bienes y recursos financieros asignados por el Estado Provincial al servicio.”
Consecuencias de la medida
Entre otras cosas, apuntaron que a raíz de los “tarjeteros”, los directivos de las escuelas “perdieron el control sobre el uso de los fondos públicos asignados; se les impidió decidir sobre el menú, proveedores y personal del comedor; en algunos casos, se les prohibió el ingreso a la cocina escolar, lo que contradice el rol institucional que históricamente han cumplido”.Además, subrayaron que a través de la medida hay una “normativa vigente ignorada”, que es “la resolución N.º 267/2025 del Ministerio de Desarrollo Humano, que instruye una información sumaria por irregularidades detectadas en 37 escuelas de Concordia, no contempla la figura de ‘tarjetero’ como cargo formal ni habilita el desplazamiento de directivos sin causa justificada. Por el contrario, dicha resolución busca precisar responsabilidades administrativas y patrimoniales ante un presunto desvío de más de $100 millones de pesos”.
Gestión de la excoordinadora
En cuanto a la gestión de Silvina Murúa, los directivos expresaron que “lejos de resolver los problemas estructurales que afectan a los comedores escolares —como la falta de personal, conflictos gremiales y deficiencias logísticas—, su gestión introdujo nuevas irregularidades”, tales como “cambios compulsivos de proveedores; presuntos sobreprecios y facturación inflada; y falta de rendiciones claras y documentación respaldatoria”.Además, apuntaron que “otro aspecto crítico es el manejo del personal de cocina que posee fuero gremial, quienes se consideran inamovibles por contar con una protección especial establecida en la Ley de Asociaciones Sindicales N.º 23.551. Esta normativa garantiza que los delegados gremiales y trabajadores con fueros no pueden ser trasladados, despedidos ni modificados en sus condiciones laborales sin autorización judicial”.
Sin embargo, aclararon que “en la práctica, esta protección ha sido utilizada como escudo para evitar cualquier tipo de reorganización o mejora en el funcionamiento de los comedores, generando tensiones con los directivos que no tienen potestad para intervenir ante situaciones de incumplimiento o falta de colaboración”.
Compromiso
Finalmente, en el comunicado los directivos manifestaron que “hemos asumido históricamente la gestión de los comedores sin beneficios personales, por convicción pedagógica y compromiso social”, con el objetivo de reivindicar “el principio de que ‘con hambre no se puede pensar’, y exigimos que se respete nuestra idoneidad profesional y el marco normativo vigente”.De esta manera, expresaron que “solicitamos que se garantice la transparencia en el uso de los recursos públicos, se restituya la administración descentralizada a los establecimientos educativos, y se investigue con rigor cualquier accionar que haya vulnerado los derechos de nuestros estudiantes”.
