Al respecto, el referente de CEYDAS, Gabriel Bonomi, indicó que “quedó evidenciado que el Gobierno habilitó la caza sin contar con ningún estudio serio y reciente de las poblaciones de aves habilitadas, ni sobre los efectos de la caza sobre ellas”. Según sus palabras, esto “habla de una inoperancia e improvisación alarmantes por parte de los funcionarios de la Dirección de Recursos Naturales”.
Por su parte, una de las abogadas que representa a las ONGs, la Dra. Cecilia Domínguez, refirió que “la actitud del Gobierno deja en evidencia que se busca el lucro de unos pocos (cotos de caza) por sobre la protección de la biodiversidad”.
Luego de la audiencia, se aguarda la decisión del juez para los próximos días.
