Agrandar imagen Sigue la polémica.
Sigue la polémica.
En contacto con Diario Río Uruguay, el profesional comenzó señalando que el sector citrícola “en los últimos años le ha ido muy bien”; en referencia a los dichos de Ariel Panozzo Galmarello, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER). “Tanto las exportaciones como las ayudas del Estado al sector, han hecho que tengan unas buenas temporadas, a pesar de la pandemia”, resaltó. Subrayando que “me preocupa la opinión porque seguimos peleando – hasta el día de hoy – por la registración de los empleados”.
Planes
Delgado comentó que “lo que ellos denominan como “planes”, en realidad son políticas de Estado para asistir a personas que no tienen ingresos”. A su entender no hay forma de comparar “una remuneración salarial con una asistencia oficial, dado que hay un desfasaje en cuanto a los ingresos del personal de cosecha”.

El funcionario detalló que tras las últimas gestiones entre el gobierno y el gremio “se ha logrado un aproximado a 1250 pesos por jornada, cuando estaba en 680”, a lo que hay que “sumarle el bono de 5 mil pesos y la paritaria de este año”.

En cambio, una percepción social “como la AUH (Asignación Universal por Hijo) está cerca de 1.500 pesos por mes”, comparó.
Trabajo en blanco
Según el profesional, “cuando el cosechero o el trabajador rural pasa de no estar registrado a la formalidad, empieza a percibir el salario por hijo” pero cuando “termina la cosecha y se da la baja hay un lapso de tiempo hasta que vuelva a ingresar a la AUH pero en las declaraciones juradas de los empleadores los siguen manteniendo en forma registrada y con aportes, se los pone en puesto de reserva: por lo que hay más demoras para acceder al beneficio”.

“El trabajador queda en stand by por una falta en la declaración jurada de los empleadores, en el fin de zafra”, argumentó.
Intermediarias
Por último, Delgado no sólo apuntó a los productores sino “a las empresas prestadoras de servicio, que son contratadas y que toma personal nuevo, con una firma nueva cada temporada”.

“No podemos controlarlas hasta que no haya una política de Estado o legal, para ver quiénes son los socios de esas empresas de servicio”, comentó. Subrayando que “es algo que se tiene que hacer y en lo particular lo estoy tratando para ver si se puede presentar a nivel legislativo”.

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