De todos los involucrados, 12 ya fueron condenados en juicios abreviados y otros 12 quedan aún por juzgar.
Los reincidentes
En el caso de la organización delictiva de la capital provincial, liderada por Carlos Lito Farías, de 46 años, tanto él como Sandro Vega, Sandro Daniel Godoy y Emanuel Santana, acordaron distintas penas de prisión efectiva; mientras, resta definir la situación de Ramón Lágrima Venencio, el exprófugo Nahuel Deharbe y el sargento de Policía Jonathan Emanuel Barbieri.
Luego de la investigación llevada adelante por la División Robos y Hurtos de la Policía (Dirección Investigaciones), la fiscal Mercedes Nin que instruyó la causa les imputó haber “integrado una organización destinada a cometer delitos en la ciudad de Paraná y otras localidades de la provincia, con la finalidad principal de cometer robos de motovehículos y robos mediante la utilización de armas de fuego”. Para ello, desplegaron “tareas de selección de los objetivos, vigilancia previa y diagramas de la logística de la comisión de los hechos”.
Respecto de Farías, acordó tres años y medio de cárcel, en el mismo juicio abreviado con Godoy, quien aceptó tres años de prisión. En total, le adjudicaron ocho hechos que pudieron demostrarles (los habían vinculado con muchos más), ocurridos en seguidilla durante en 2020.
Además a Farías le imputaron haberse dedicado a recibir motos robadas. Los tres años y medio de cárcel que acordó fue una pena comprensiva de una anterior por otro abreviado que firmó el año pasado (de dos años de prisión), por haber “comercializado de forma habitual y lucrando con dicha actividad, numerosos elementos provenientes de diversos ilícitos, como asimismo armas de fuego y municiones”.
En tanto que Godoy arrastraba otra causa cuando integraba la barra brava de Patronato y atacaron a golpes a chicos de un club de Strobel en la tribuna visitante durante un partido fútbol oficial, el 25 de noviembre de 2017.
En el abreviado, ambos entregaron al dueño de De Campo dinero y un vehículo a modo de reparación.
Por su parte, Vega contaba con la imputación por otros ocho hechos delictivos: seis en Paraná y dos en Santa Elena, de donde es oriundo, ocurridos entre 2018 y 2020, relativos a robos y tenencia de drogas.
Finalmente, el otro integrante de la banda que fue condenado, pero no por asociación ilícita sino por asaltos, fue Santana, quien recibió cuatro años y ocho meses de prisión.
En el informe de Robos y Hurtos, por el análisis de las pericias a celulares secuestrados, se indicó que tuvieron “comunicaciones constantes entre la totalidad de los integrantes de la banda”, y se precisó que “el funcionario policial Barbieri tuvo una directa participación en el accionar de la banda, siendo particularmente un proveedor de información mediante tareas de inteligencia previa, como así también proveedor de la logística, vehículos, uniformes policiales, armamento y proyectiles”. Además, “se pudo establecer que en su teléfono existían los contactos telefónicos de distintas víctimas”, a quienes investigaba previamente.
Barbieri es uno de los que no quiere saber nada con un abreviado, por lo que en breve sería enviado a juicio. Distinta es la situación de Venencio, que acordó de palabra varias veces ir a firmar un acuerdo de pena, pero por una razón u otra postergaba la audiencia del abreviado. Mientras tanto, siguió libre perpetrando robos, que ahora se le suman a su abultado expediente. A fines de marzo, fue baleado en el estómago en un tiroteo en el barrio Cáritas, estuvo grave pero sobrevivió. Se esperaba su evolución para la citación judicial.
Por último, queda pendiente la situación de Nahuel Deharbe, más complicada que las demás ya que el hombre estuvo prófugo por escaparse de la cárcel mientras cumplía una condena por un violento asalto a una escribana de Paraná. Durante la evasión cometió varios robos y estafas: ofrecía una casa a la venta y luego asaltaba a los interesados y les robaba fuertes sumas de dinero. Además de la causa por Asociación ilícita, cuenta con legajos por robos y coacciones, se informó.
Los históricos
En 2020 cayó en Concordia la organización delictiva cuyos principales cabecillas fueron históricos “peces grandes” de la delincuencia de la costa del Uruguay, como los denominan en la localidad. La mitad de ellos fueron condenados en procedimientos abreviados, y los demás esperan el juicio, aunque podrían optar por el mismo camino de la confesión, claramente conveniente en términos de negociación de penas.
Se trató de una investigación iniciada por la Brigada de Delitos Rurales de Concordia, desarrollada junto al personal de Criminalísticia de la Jefatura local, e instruida por el fiscal Francisco Azcué. Los jefes eran el sargento de Policía Ricardo Petelín y Rubén Castro, aunque otros no se quedaban atrás. Funcionaban con células compartimentadas, planificaban asaltos muy violentos, comerciaban droga y sobre todo armas que vendían o alquilaban para robos u homicidios. Además, el uniformado daba protección a un prostíbulo que funcionaba sobre la autovía nacional 14.
En marzo seis de los integrantes de la Asociación ilícita acordaron penas de prisión. Petelín y Rafael Briozzi acordaron cuatro años de cárcel, mientras que Carlos Pintos, Marcelo Burna, Avelino Castillo y Fabiola Avellaneda firmaron por tres años de encierro.
El viernes 9 de abril, Hugo Orlando De los Santos, aceptó también cuatro años de prisión. Se suma a los condenados Daniel Burna, quien desde el año pasado cumple su pena en la Unidad Penal N° 3 al ser el primero que confesó.
Todavía quedan varios más imputados. Uno de ellos es Omar Mazzaira Silveyra, quien tras ser allanado viralizó un video en el que difamó falsamente al fiscal en tono amenazante. Los hermanos Francisco y Rubén Castro siguen en ascuas, junto a Mauricio y Romina Castro, y Luis Rivarola, hijos y cuñado del Pato respectivamente. También resta definir la situación de Agustín Gómez y Gustavo Pérez, entre otros.
No se descarta que terminen todos en juicios abreviados, ya que las pruebas reunidas en la investigación fueron muchas y contundentes, desde escuchas telefónicas hasta evidencias secuestradas en los allanamientos.
Se informó a Diario UNO que el sargento Petelín reconoció darle protección al prostíbulo regenteado por Elsa Lacuadra, también detenida como integrante de la megabanda, y además a otras organizaciones criminales para que ingresaran droga a la ciudad de Concordia. Entre los asaltos que participó, se destaca el de una familia donde le puso una pistola en la cabeza a un niño de 2 años.
Los hermanos Burna fueron condenados por la venta de armas y cartuchería, proveniente más que nada de robos, y las volcaban al mercado ilegal. Justamente armas y drogas vienen causando estragos en la ciudad.
También se destacó la actuación de Telo Briozzi, un viejo conocido del hampa del barrio 28 Puñaladas de Concordia, quien prestaba mano de obra a los asaltos.
