Agrandar imagen Uno de los allanamientos realizados en agosto del 2022.
Uno de los allanamientos realizados en agosto del 2022.
Acusado de integrar una asociación ilícita fiscal, el empresario entrerriano solicitó apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa que se le sigue junto a un productor agropecuario, un transportista y una contadora. La UIF, creada por la Ley N.º 25.246 (de encubrimiento y lavado de activos), es el órgano del Estado específicamente encargado de resguardar el orden económico-financiero.

En su presentación ante la jueza federal de Concepción del Uruguay, Mariela Emilce Rojas, los defensores del empresario argumentaron que la intervención de la UIF en todo este proceso, quedaba supuestamente deslegitimada, por la reciente derogación del Decreto Nº 2226/2008 —que facultaba a la UIF para actuar como querellante en causas penales— por parte del presidente Javier Milei, junto con declaraciones del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, sobre la “despolitización” del organismo.

Sin embargo, según precisó el diario UNO, el planteo fue rechazado por la jueza federal Emilce Rojas, haciendo lugar a la oposición que formuló la propia UIF. El organismo manifestó en su descargo que “el Decreto 274/2025 no establece una prohibición para continuar actuando en aquellas causas en las que está UIF ya se encuentra presentada, ya que nada indica acerca de las causas en trámite, con lo cual, el mencionado decreto no modifica el temperamento procesal adoptado oportunamente por esta UIF en la presente causa”.
Los hechos
El acusado es cuestión, identificado como Leonardo César Toscanini, es un conocido comerciante dueño de supermercados mayoristas en Concepción del Uruguay, Colón y Concordia.

Fue justamente en agosto de 2022, cuando personal de la Gendarmería Nacional llevó adelante un operativo sobre varios locales una cadena de supermercado, que aún tiene filiales en Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. En lo que respecta a Concordia, el procedimiento se desarrolló en la oficina de administración que funciona en el primer piso del establecimiento comercial, sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento y Presidente Illia.
De acuerdo a lo que se informó oficialmente desde Gendarmería Nacional, todo el procedimiento se dio el marco de tareas investigativas por los delitos tipificados en Ley Nacional 11.179 “delitos de Evasión Tributaria y/o Asociación Ilícita Tributaria”. Según precisaron entonces desde la fuerza, esta organización “operaba desde el año 2020 utilizando mecanismos irregulares para ‘blanquear’ la compra de cereal en ‘negro’”, que les permitía “trasladar cereal adquirido en el circuito marginal y las ganancias adquiridas les han permitido a los integrantes de la asociación ilícita generan diversos negocios con el fin de ‘lavar los activos’ con ese producido”.
Fuente: UNO - Diario Río Uruguay