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La causa, en la que están involucradas cinco personas, algunos de ellos de la localidad de Chajarí, se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-AFIP, advirtió que en una finca del sur de Corrientes habría trabajadores no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), de Paso de los Libres.

Esta denuncia derivó en una investigación y posteriores allanamientos. Como resultado, en una de las fincas fueron encontrados 21 trabajadores realizando sus tareas en condiciones infrahumanas y en la otra, un total de 19 víctimas en similares condiciones.

A mediados de 2021 se desarrolló el juicio y el Tribunal Oral Federal de Corrientes consideró que no había pruebas suficientes, por cuanto los implicados fueron absueltos. No obstante, los jueces instaron a investigar otros posibles delitos.

En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación Penal emitió un fallo mediante el cual ordenó al Tribunal Oral Federal de Corrientes volver a enjuiciar a los empresarios Mónica del Luján Nabone, Rolando Abel Díaz, Enrique Juan Percara, Gustavo Javier Percara y Diego José Percara, responsables de la empresa “El Batelito”, dedicada a la explotación forestal en campos de Paso de los Libres.

El fiscal federal Calos Schaefer sostuvo en su presentación ante la Cámara de Casación que el tribunal correntino no tuvo en cuenta que se trataba de una “situación extrema y deplorable de los trabajadores”, al describir que se hallaban “en condiciones de hacinamiento, sin las condiciones mínimas de trabajo, ni de salubridad, dormían en un tráiler y/o colectivo viejo, no tenían agua corriente, no tenían luz”.

Asimismo, subrayó que “la jornada laboral que tenían era muy variada, trabajaban de lunes a sábado e inclusive, también los días domingos, en tanto que la remuneración también era variable. Tampoco les proveían las herramientas de trabajo necesarias, porque los propios trabajadores manifestaron al momento de hacerse las planillas de relevamiento por personal de la AFIP, que trabajaban con las herramientas propias”.

También reprodujo en su presentación las palabras del testigo Raúl Garcete, funcionario de la AFIP, quién había mencionado que las condiciones de vida eran deplorables y que “era doloroso estar en ese lugar» que no contaba «con agua potable ni luz eléctrica, estaban hacinados”.

En tanto, los jueces de Casación también tuvieron en cuenta que “de la prueba testimonial brindada y de las fotografías y videos efectuadas se desprendía que no existían baños ni duchas”.

Además, constan en el juicio declaraciones de las víctimas en las que relataron, por ejemplo, que los empresarios les vendían a los trabajadores las herramientas con las que debían llevar adelante sus tareas en la forestación, consignó Pagina 12.

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