
Delgado explicó que el planteo de los beneficiarios apunta a que se implementen medidas que se ajusten a la realidad económica de las familias adjudicatarias, muchas de las cuales, no cuentan con ingresos elevados y ya enfrentan importantes gastos mensuales.
"Las personas que adjudican a estas viviendas no son millonarios ni personas que pueden afrontar un alquiler común. Sabemos también que el aumento del alquiler es monstruoso. Mucha gente dirá que 210 mil pesos no es nada, pero para gente que gana 600 mil pesos, grupos familiares que ganan 600 mil pesos, 700 mil pesos, es mucho porque no solo obliga a través de la captación del recibo de haberes los 210 mil pesos que le están cobrando en la actualidad sino también obliga el IAPV a que estas personas tengan al día el pago de un seguro, los impuestos provinciales, los impuestos locales y el agua, entonces se le hace imposible porque se le va más de la mitad del sueldo en poder abonar eso" explico el abogado.