
En ese tiempo "el involucrado deberá pagar la multa correspondiente, con el único beneficio de que se los exceptúa del traslado y la estadía". Al concluir este periodo de 90 días que se estableció en el Concejo, "la ordenanza continuará normalmente" aclaró Armanazqui.
Esta norma ya se encuentra en vigencia y es, específicamente, "para aquellas motos que ya estaban secuestradas". De todas formas, los propietarios de los rodados involucrados "deberán presentarse en el juzgado y compadecer como corresponde, con los jueces" concluyó el edil.