Sin embargo, argumenta, “su hermana Dolores ingresó con su llave y a plena luz del día, acompañando testimonio de la asamblea por la que le corresponden 129 hectáreas”, todo lo que demuestra que esto "no es una toma, ni es una usurpación".
Herencia
Para Giampaolo, Dolores - hasta ahora – “demostró que tiene derecho a poseer el campo en el marco de la sucesión indivisa - o sea aún no terminada - mientras que los Etchevehere varones, pretenden estirar de por vida la sucesión”. Y, mediante “amedrentamiento y violencia de género contra su hermana, impedirle el uso de su propiedad y usufructuarla”. Todo es un accionar “propio de patrones de estancias que por algo están denunciados y condenados por el delito de reducción a la servidumbre de su personal y pesa sobre ellos medidas restrictivas por violencia, dictadas por el Juez de Garantías”, agregó el profesional.Ruralismo
Respecto a las repercusiones que está teniendo el conflicto, Giampaolo consideró que se usa a los “productores que ni siquiera conocen la causa judicial y a los que engañan con falsas premisas o incluso a otros vecinos que comparten la mismo sesgo ideológicos, motivando toda esta movida, mediática, política, judicial y antidemocrática”. “En esa línea de acción hacen intervenir a la Sociedad Rural con un comunicado claramente coactivo, para apretar a la Justicia e instigar a los funcionarios provinciales, pretendiendo obtener un beneficio "patrimonial" que no les corresponde”, aduce. Subrayando que “convierte un capricho económico en una causa pública, amenazando que en caso que no se les otorgue razón, harán "arder en llamas un país" - como dijo Ricardo Azcué - o peor aún, insinuando “no volver a cometer los errores de la dictadura”, como peligrosamente manifestó D´Ambros”.Penal
Por último, el ex presidente del Concejo Deliberante de Concordia, considera que esas declaraciones pueden configurar “delitos de gravedad institucional contra el orden público, violando el artículo 209 al 213 del Código Penal, en donde se impone prisión de hasta 6 años a quienes incurran en "incitación a la violencia", "apología del delito" y a la "coacción a funcionarios judiciales". Además, citó las “figuras de la Ley 26.734 que tipifica "delitos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas a resolver de una manera ligada a sus intereses".“No toleraremos más este tipo de ataque y denunciaremos formalmente la comisión de estos delitos”, remató Giampaolo.
